LA EDUCACIÓN LAICA EN ARGENTINA ¿ESTÁ EN PELIGRO?

LA EDUCACIÓN PÚBLICA LAICA ESTÁ EN PELIGRO

Debate. Marcelo Alegre y Nahuel Maisley (Vea el artículo original publicado en el periódico CLARÍN haciendo clic AQUÍ)

Desde hace más de ciento treinta años, la legislación argentina prohíbe la inclusión de contenidos religiosos en los programas educativos de las escuelas públicas. El consenso sobre este punto, vital para la construcción de un Estado plural y respetuoso de los derechos humanos, fue alcanzado muy tempranamente en nuestro país, y fue plasmado con claridad en el artículo 8 de la ley 1420 de 1884, símbolo de la educación laica, gratuita y obligatoria. Desde la sanción de esta norma, que reglamenta una serie de derechos constitucionales, y que por lo tanto es aplicable a todo el territorio nacional, la enseñanza religiosa en las escuelas públicas ha estado prohibida en horario de clases.

 Esa disposición está por ser formalmente derogada por el Congreso de la Nación, a espaldas de la ciudadanía, y con argumentos técnicos deficientes. Pese a una observación que presentamos con otros académicos, y a la oposición del Diputado Manuel Garrido, la Comisión Bicameral del Digesto Jurídico Argentino, con mayoría oficialista, entendió que esa prohibición establecida en 1884 ya no debe considerarse vigente en nuestro sistema jurídico, primero, porque fue derogada implícitamente por las subsiguientes leyes nacionales de educación, y segundo, porque ninguna otra norma incluye tal restricción.
Ambos argumentos son erróneos. En primer lugar, de ningún modo puede considerarse que la Ley Federal de Educación de 1993 (Ley 24.195) o la Ley de Educación Nacional de 2006 (Ley 26.206) hayan derogado implícitamente el artículo 8 de la ley 1420. Por un lado, estas normas no tienen disposiciones específicas relacionadas con los contenidos religiosos. Por otro lado, los principios abstractos establecidos en ambas leyes son completamente compatibles con la regulación de la ley 1.420. Por ejemplo, el artículo 27.h) de la ley de 2006 dispone que la educación primaria tiene entre sus objetivos “brindar una formación ética que habilite para el ejercicio de una ciudadanía responsable y permita asumir los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común”. Esto es evidentemente compatible con el artículo 8º de la ley 1420 que busca, en efecto, el respeto por la diversidad de los distintos cultos sin que se afecte una formación ética capaz de habilitar el ejercicio de una ciudadanía responsable.
En segundo lugar, sí existe otra norma que conflictúa con la inclusión de contenidos religiosos en la educación pública, y es la Constitución Nacional, que protege con claridad la igualdad, la autonomía y la privacidad. Como ha sostenido nuestra Corte Suprema de Justicia, “es nuestra propia Constitución la que reconoce los límites del Estado frente a la autonomía individual. El art. 19 establece la esfera en la que el Estado no puede intervenir. La combinación de este artículo con los vinculados a la libertad de cultos y a la libertad de conciencia no permiten dudar respecto del cuidado que los constituyentes pusieron en respetar la diversidad de pensamientos y no obligar a los ciudadanos a una uniformidad que no se condice con la filosofía liberal que orienta a nuestra norma fundamental” (Fallo “Portillo”, cons. 16). Si el Estado enseñara religión a los ciudadanos, estaría yendo más allá de su esfera de acción constitucionalmente admitida.
Por otra parte la laicidad de la enseñanza pública es exigida por el valor de la igualdad, plasmado en el artículo 16 de la Constitución. En efecto y como lo reconociera la propia justicia de Salta en primera instancia al fallar sobre la enseñanza religiosa obligatoria en dicha provincia, dicha enseñanza tiene efectos discriminatorios más allá de las motivaciones que la impulsan. Sucede que de hecho es imposible proteger a las niñas y niños de todos los establecimientos públicos contra los riesgos de manipulación y adoctrinamiento de personas vulnerables por su edad, y contra el peligro de estigmatización y otras formas de violencia que recaen sobre los niños no católicos.
Hoy deberíamos pensar en fortalecer y no en derogar la protección de la ley 1420 contra la discriminación religiosa, en aplicación de las cláusulas igualitarias de la Constitución de 1994 y los tratados de derechos humanos incorporados a la misma. Existe una contradicción fundamental entre escuela pública y enseñanza religiosa, ya que la escuela es el espacio de la formación crítica, igualitaria, racional y desprejuiciada; no es el lugar indicado para el proselitismo religioso, ni antes, ni durante, ni después de las clases. En lugar de proyectar hacia adelante el sentido modernizador e igualitario de la ley 1420, hoy enfrentamos un posible retroceso de ciento treinta años respecto de uno de los pilares de nuestra democracia constitucional: la separación entre religión y educación pública.

Marcelo Alegre y Nahuel Maisley son profesores de la Facultad de Derecho de la UBA.

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EL CRITICADO LAICISMO FRANCÉS PUEDE SER ÚTIL EN AMÉRICA LATINA – Por Gastón Pardo

Este artículo fue publicado originalmente en voltairenet.org y usted puede acceder a la página y artículo original haciendo clic AQUÍ

Gastón Pardo es graduado de periodismo en la Universidad Nacional de México. Cofundador del diario Libération. Corresponsal de la Red Voltaire en México.

Pardo, GastonPor laicismo se entiende la acción reguladora del Estado a través de sus órganos de gobierno para alcanzar la convivencia social ordenando la actividad de las instituciones denominadas iglesias. El laicismo es, así, un instumento que somete la aspiración hegemónica de cada credo a ser asumido como el verdadero y único, y para hacer valer los intereses de la nación en conjunto sobre intereses particulares incluyendo a los religiosos.

En América Latina el boom multirreligioso se disparó en los últimos 20 años. Como ejemplo se puede mencionar que en 1984 había unas quinientas obediencias pentecosteses mientras hoy llegan a 3 mil. Todas ellas, lo mismo que el credo mayoritario, el católico, los protestantismos, las religiones paracristianas como los Testigos de Jehová e incluso los musulmanes, se esfuerzan por logar la imposición de sus creencias y en contrapartida la extinción de las ajenas porque su victoria tendría que ser entendida como la demostración de la magnificencia de su propio dios. Todas las manifestaciones religiosas son, pues, excluyentes y sólo el estado puede garantizar que todas sin excepción se beneficien del respeto mutuo mediante una estrategia laicista emprendida sin cortapisas y sin excepciones por los órganos gubernamentales.

El pluralismo religioso que impregna a las sociedades latinoamericanas no es consecuencia del globalismo financiero que empezó a tomar las riendas de los estados a finales de la década de los ochenta. Desde mucho antes de de la caída del bloque socialista europeo ya se notaba en mucha partes del mundo la proliferación de grupos que manejaban distitos mensajes salvíficos y esperanzas redentoras, para responder a la monotonía que se habría de enseñorear del planeta en los años por venir.

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Estudiantes francesas musulmanas protestando por la ley que les obliga a quitarse el velo islámico en los colegios.
Foto D.R.

El debilitamiento del estado nacional apenas comenzaba a hacerse sentir con la puesta en marcha del principio de la soberanía limitada que se fue imponiendo desde las metrópolis a los países del Tercer Mundo. La exigencia general fue un grito por la privatización de todo, incluso del aire, como lo proclamó el peruano Fernando de Soto. Por eso a nadie extraña que ahora los privatizadores se reserven el derecho a señalar cuáles son los credos útiles a la sociedad y cuáles no. De tal manera, organismos como el Instituto Cristiano de México son los que en medio de escándalos intentan bloquear la viabilidad de los grupos religiosos que les causan disgusto y a los que atribuyen una naturaleza contraria a los intereses del estado, sin que los organismos judiciales hayan ejercido su competencia en la materia.

La pluralización del campo religioso sigue su marcha y tiene que convivir a la vez con singularidades como las étnicas o los organismos no gubernamentales que aspiran a que la sociedad cuente con medios de ejercicio de sus derechos en medio de la borrasca legislativa y de la corrupción irreversible de los jueces.

Los organismos religiosos son asociaciones multitudinarias mientras que las ONG no son más que grupúsculos cuya influencia oscila entre el campo religioso y el étnico para en seguida desplazarse al ámbito de las complicaciones estrictamente urbanas, donde se suelen expresar aspiraciones particulares como las de los desempleados, de las amas de casa y de quienes están hastiados de la inseguridad pública.

La multirreligiosidad se diluye entre otras minorías, y las exigencias de éstas a su vez están nutridas en una previa asociación religiosa. Uno de los síntomas de los neosincretismos es que por lo menos las asociaciones religiosas mayores cuentan ya con su propia ONG de derechos humanos con la que apuntan a recibir respeto y a darlo. Pero el neosincretismo puede conducir también a la aspiración a influir en el entramado político, pues a pesar de que el laicismo ha seguido en México específicamente, una ruta lógica, desde los Acuerdos de 1929 en que se estableció el modus operandi de la iglesia mayoritaria con el estado, éste no ha cesado de considerarla merecedora de privilegios.

El segundo grupo religioso en importancia numérica, La Luz del mundo, fue reconocida el 16 de junio por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por su labor social. Ante una público de 10 mil personas el director internacional de esa iglesia, Samuel Joaquín, aceptó el reconocimiento de la formación política, que su imagen estuviera ya deteriordada por el escándalo permanente, fue a su vez reconocida por el dirigente religioso asignando a su iglesia un carácter mediador con los desposeídos.

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Manifestación de estudiantes musulmanes en París el 14 de febrero 2004.
Foto D.R.

Una frase textual demuestra las preocupaciones y las aspiraciones de los grupos minoritarios de México. Dijo don Samuel Joaquín: «Hay muchos problemas por resolver. Hay mucho, mucho por hacer. Hagamos un esfuerzo extraordinario no para el lucimiento personal, no por un partido, no por una organización. Las clases marginadas nos esperan. Que la pobreza y la ignorancia de muchos mexicanos sea el detonante necesario para sentirnos comprometidos en esta noble tarea comunitaria».

La Luz del Mundo ha insistido en los últimos años en la vigencia urgente de la laicidad que está en el centro de la fundación de la repúlica. El laicismo tuvo un signo negativo cuando en su nombre la institución católica fue sometida a los intereses del estado nacional y de la sociedad. El laicismo adquiriría un carácter positivo en cuanto se convierte en regulador de la convivencia de la diversidad religiosa. El problema es que el estado y el gobierno encargados demuestran su debilidad bajo el pero abrumador de la tarea laicizadora.

Por ello, el modelo francés laicista, aprobado por la Asamblea Nacional el 10 de febrero último, que prohibe el uso de signos religiosos ostentosos, es decir, singularizadores, ha causado una polémica en espera de conclusión en Francia y en Europa. Pero las minorías mexicanas lo admiten como modelo benefactor, lo cual es comprensible porque la pobreza es casi general y lo que menos desean los millones y millones de menesterosos es verse arrastrados a conflictos parcelarios, que se podrán evitar con sólo prohibir el uso de signos que en ocasiones atraen y en otras producen discriminación.