LA EDUCACIÓN LAICA EN ARGENTINA ¿ESTÁ EN PELIGRO?

LA EDUCACIÓN PÚBLICA LAICA ESTÁ EN PELIGRO

Debate. Marcelo Alegre y Nahuel Maisley (Vea el artículo original publicado en el periódico CLARÍN haciendo clic AQUÍ)

Desde hace más de ciento treinta años, la legislación argentina prohíbe la inclusión de contenidos religiosos en los programas educativos de las escuelas públicas. El consenso sobre este punto, vital para la construcción de un Estado plural y respetuoso de los derechos humanos, fue alcanzado muy tempranamente en nuestro país, y fue plasmado con claridad en el artículo 8 de la ley 1420 de 1884, símbolo de la educación laica, gratuita y obligatoria. Desde la sanción de esta norma, que reglamenta una serie de derechos constitucionales, y que por lo tanto es aplicable a todo el territorio nacional, la enseñanza religiosa en las escuelas públicas ha estado prohibida en horario de clases.

 Esa disposición está por ser formalmente derogada por el Congreso de la Nación, a espaldas de la ciudadanía, y con argumentos técnicos deficientes. Pese a una observación que presentamos con otros académicos, y a la oposición del Diputado Manuel Garrido, la Comisión Bicameral del Digesto Jurídico Argentino, con mayoría oficialista, entendió que esa prohibición establecida en 1884 ya no debe considerarse vigente en nuestro sistema jurídico, primero, porque fue derogada implícitamente por las subsiguientes leyes nacionales de educación, y segundo, porque ninguna otra norma incluye tal restricción.
Ambos argumentos son erróneos. En primer lugar, de ningún modo puede considerarse que la Ley Federal de Educación de 1993 (Ley 24.195) o la Ley de Educación Nacional de 2006 (Ley 26.206) hayan derogado implícitamente el artículo 8 de la ley 1420. Por un lado, estas normas no tienen disposiciones específicas relacionadas con los contenidos religiosos. Por otro lado, los principios abstractos establecidos en ambas leyes son completamente compatibles con la regulación de la ley 1.420. Por ejemplo, el artículo 27.h) de la ley de 2006 dispone que la educación primaria tiene entre sus objetivos “brindar una formación ética que habilite para el ejercicio de una ciudadanía responsable y permita asumir los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común”. Esto es evidentemente compatible con el artículo 8º de la ley 1420 que busca, en efecto, el respeto por la diversidad de los distintos cultos sin que se afecte una formación ética capaz de habilitar el ejercicio de una ciudadanía responsable.
En segundo lugar, sí existe otra norma que conflictúa con la inclusión de contenidos religiosos en la educación pública, y es la Constitución Nacional, que protege con claridad la igualdad, la autonomía y la privacidad. Como ha sostenido nuestra Corte Suprema de Justicia, “es nuestra propia Constitución la que reconoce los límites del Estado frente a la autonomía individual. El art. 19 establece la esfera en la que el Estado no puede intervenir. La combinación de este artículo con los vinculados a la libertad de cultos y a la libertad de conciencia no permiten dudar respecto del cuidado que los constituyentes pusieron en respetar la diversidad de pensamientos y no obligar a los ciudadanos a una uniformidad que no se condice con la filosofía liberal que orienta a nuestra norma fundamental” (Fallo “Portillo”, cons. 16). Si el Estado enseñara religión a los ciudadanos, estaría yendo más allá de su esfera de acción constitucionalmente admitida.
Por otra parte la laicidad de la enseñanza pública es exigida por el valor de la igualdad, plasmado en el artículo 16 de la Constitución. En efecto y como lo reconociera la propia justicia de Salta en primera instancia al fallar sobre la enseñanza religiosa obligatoria en dicha provincia, dicha enseñanza tiene efectos discriminatorios más allá de las motivaciones que la impulsan. Sucede que de hecho es imposible proteger a las niñas y niños de todos los establecimientos públicos contra los riesgos de manipulación y adoctrinamiento de personas vulnerables por su edad, y contra el peligro de estigmatización y otras formas de violencia que recaen sobre los niños no católicos.
Hoy deberíamos pensar en fortalecer y no en derogar la protección de la ley 1420 contra la discriminación religiosa, en aplicación de las cláusulas igualitarias de la Constitución de 1994 y los tratados de derechos humanos incorporados a la misma. Existe una contradicción fundamental entre escuela pública y enseñanza religiosa, ya que la escuela es el espacio de la formación crítica, igualitaria, racional y desprejuiciada; no es el lugar indicado para el proselitismo religioso, ni antes, ni durante, ni después de las clases. En lugar de proyectar hacia adelante el sentido modernizador e igualitario de la ley 1420, hoy enfrentamos un posible retroceso de ciento treinta años respecto de uno de los pilares de nuestra democracia constitucional: la separación entre religión y educación pública.

Marcelo Alegre y Nahuel Maisley son profesores de la Facultad de Derecho de la UBA.

Anuncios

CARTA EUROPEA POR LA LAICIDAD Y LA LIBERTAD DE CONCIENCIA

imagen_17109

Documento fechado el sábado 3 de mayo de 2014Publicado el miércoles 15 de mayo de 2014 en  Laicismo.org

Documento escrito por Europa Laica.

 

 

PROCESOS DE LAICIZACIÓN EN EL CONTEXTO EUROPEO (1)

El objetivo de la laicidad debe ser una meta en la construcción europea, para lograr un marco de protección de la libertad de conciencia por encima de fronteras nacionales. 

Este objetivo todavía es un reto pendiente, existiendo contrastes y diferencias muy profundas entre los diferentes Estados. Hay países con una mayor tradición laicista, como la del modelo francés, originario del laicismo, y otros donde todavía hay una fuerte presencia del confesionalismo y el clericalismo en las políticas públicas, como por ejemplo en España. 

Además, tras la reforma del Tratado Constitucional europeo de Lisboa de 2007, y en contra de esa aspiración, se expresa que las instituciones europeas no prejuzgarán y respetarán, en virtud del Derecho interno de cada Estado, las relaciones internas de éstos con las religiones u otras entidades filosóficas y no confesionales y expresa, además, que mantendrá un diálogo abierto con las religiones. Lo anterior, unido a una corriente de opinión política sesgada sobre unas supuestas “raíces cristianas” de los países europeos, deja a la ciudadanía sin derechos comunes de carácter europeo a los que acogerse en materia de libertad de conciencia. Lo mismo ocurre con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyos dictámenes casi nunca entran en conflicto con legislaciones o decisiones políticas o jurisdiccionales de cada Estado.

(1) En esta Carta se entiende por “contexto europeo” al conjunto de países de Europa, más allá de los que están integrados en la Unión Europea, e independientemente de las organizaciones internacionales en las que estos se integren.  

INTRODUCCIÓN

La laicidad debe formar parte de todo proyecto jurídico y político de un Estado Democrático y de Derecho y por tanto -también- de las organizaciones de ámbito superior que los pueblos europeos acuerden libremente construir para extender y unificar sus conquistas sociales y democráticas.

La laicidad se asienta en tres principios intrínsecos a la propia democracia y a los Derechos Humanos: 

  • La libertad de conciencia.
  • La igualdad de derechos sin privilegios ni discriminación.
  • La universalidad de las políticas públicas.

Lo que implica la clara distinción entre el ámbito público y el privado, y la estricta separación entre la política y las religiones u otros particularismos. Sin embargo, en el conjunto europeo, se percibe una situación acelerada de pérdida de derechos y libertades cívicas en casi todos los campos.

 Ideologías, como las religiosas y las neoliberales, imponen sus formas excluyentes de entender el mundo y las relaciones interpersonales, su moral y dogmas particulares, y sus políticas sociales desiguales al conjunto de la ciudadanía, generando, con ello, enormes desigualdades sociales y económicas y recortes de derechos a la mayoría de la población y especialmente a los grupos más desfavorecidos por razón de clase social, sexo, orientación sexual, origen étnico o nacional, capacidades funcionales, etc.

Se hace, por tanto, necesario impulsar el laicismo como movimiento a favor de la laicidad en todo el ámbito europeo. Por ello Europa Laica propone a la sociedad civil y a sus organizaciones de base, a los partidos políticos, a los diferentes gobiernos y a las instituciones europeas, la siguiente: 

CARTA EUROPEA POR LA LAICIDAD Y LA LIBERTAD DE CONCIENCIA

1. Libertad de conciencia

Ha de ser una prioridad de las instituciones de los Estados promover y garantizar la plena libertad de conciencia, de pensamiento y de expresión de todas las personas, independientemente de su origen o nacionalidad. Así mismo, debe respetarse la estricta separación de los Estados respecto de las confesiones religiosas y los particularismos.

2. Ninguna prohibición por cuestiones dogmáticas.

Las estructuras cívicas, jurídicas, políticas, culturales y sociales deben organizarse respetando todas las libertades individuales y colectivas asociadas al interés general y al disfrute de los bienes públicos, sin que intereses particulares de carácter dogmático, ya sean religiosos o no, puedan extenderse al conjunto de la ciudadanía.

La libertad de expresión (en todas sus formas: artística, de cátedra…) estará garantizada, sin que el Estado ni ningún grupo de presión, confesional o relativo a una comunidad o corporación ideológica concreta, pueda conseguir limitarla en nombre de prohibiciones que solo afectan a sus propios miembros.

La puesta en práctica de los adelantos logrados por las investigaciones científicas y tecnológicas, gozará de una completa libertad, ateniéndose únicamente al marco de las leyes civiles votadas por las instancias democráticamente elegidas y legalmente responsables, siempre que no sean producto de interferencias religiosas o particularismos ideológicos. Las opiniones (o prohibiciones) de tipo religioso no serán tenidas en cuenta por la legislación europea en tanto supongan elementos de discriminación o privilegio alguno en contra de los principios del laicismo.

Los Estados también garantizarán la libertad de conciencia para que nadie sea sometido a tratamientos médicos contra su voluntad ni a  prácticas innecesarias o degradantes, respetando siempre la voluntad de las persona en su derecho a morir dignamente, legalizando jurídicamente el derecho a la eutanasia y al suicidio asistido.

3. Independencia de los Estados en relación a las iglesias y a las religiones

Las instituciones europeas asegurarán su independencia absoluta en relación a las confesiones religiosas, a los cleros y a sus influencias confesionales.

Los Estados eliminarán o evitarán todo tipo de Acuerdos o Concordatos con las confesiones religiosas para evitar limitaciones a la libertad de conciencia o interferencias en las leyes cívicas comunes al conjunto de la ciudadanía.

Las responsabilidades cívicas, sociales, culturales y educativas que se deriven de las políticas europeas serán asumidas por los servicios públicos correspondientes y no se pondrán en manos de entidades privadas, incluidas las dependientes de las confesiones religiosas.

En materia de religión, el ejercicio de los derechos legítimos (individuales y colectivos) estará garantizado en el marco de la esfera privada de la que emanan, sin interferir nunca con el ámbito público y político.

Las diferentes confesiones no serán financiadas por los Estados. Asimismo, deberá armonizarse el tratamiento fiscal a las entidades religiosas, eliminando todas las exenciones y bonificaciones fiscales de las que se beneficien. En su caso, hasta la total autofinanciación y supresión de privilegios fiscales, existirá un control público y transparencia total por parte de los Gobiernos de la financiación que otorguen, en sus distintas formas, a las entidades religiosas.

Las entidades religiosas deberán regularse por el derecho privado y, por tanto, no podrán ser tratadas como entes públicos, así como deberá desaparecer la regulación del delito de blasfemia de los ordenamientos jurídicos de toda Europa.

Los símbolos religiosos o de otra naturaleza ideológica particular, no estarán presentes en actos oficiales públicos, ni en locales de titularidad pública en ningún Estado europeo. También deberá eliminarse la presencia de los representantes políticos y cargos públicos, en su calidad de tales, de todos los actos litúrgicos y confesionales religiosos o de cualquier otra naturaleza ideológica particular, así como también la intromisión de los ceremoniales religiosos en los actos civiles.

Ningún Estado ni institución pública europea reconocerán al Vaticano, ni a la Santa Sede, como un Estado y, por lo tanto, no mantendrán relaciones diplomáticas de esa naturaleza, ni tampoco en el marco de las Naciones Unidas y de sus organizaciones internacionales.

4. Derechos de las mujeres

Se garantizarán, sin ambigüedad, los derechos de las mujeres y la igualdad para participar en la vida política y social. Ninguna limitación debida a especificaciones confesionales, étnicas o de pertenencia a una comunidad o corporación concreta será tenida en cuenta por las leyes europeas o de sus Estados. La libertad de conciencia de las mujeres para ejercer la maternidad o la interrupción del embarazo, en el marco de sus derechos sexuales y reproductivos, se ha de poder ejercer en todos los países europeos de forma libre y dentro del ámbito público. Quedará prohibida cualquier tipo de violencia contra las mujeres y será motivo de desarrollar una campaña en contra a nivel mundial por parte de los países europeos.

5. Derechos de la Infancia y la Adolescencia

Se protegerá específicamente el derecho a la libertad de conciencia de la infancia y adolescentes independientemente de las convicciones ideológicas de sus padres, madres o tutores.

En las leyes que rijan en Europa se tendrá en cuenta la condición de niñas, niños y adolescentes como ciudadanas y ciudadanos libres preservándolos de todo condicionamiento doctrinario o dogmático de carácter coactivo, incluyendo las mutilaciones sexuales con pretextos religiosos o supuestamente culturales y la imposición, por parte de los adultos, de cualquier religión, rito o convicción ideológica.

Se prohibirá el trabajo infantil y esa prohibición se extenderá a las empresas o corporaciones europeas que mantengan fábricas fuera de Europa, así como se tomarán medidas contra el trabajo infantil en otros países.

6. Educación Pública y Laica en Europa

Todos los países europeos garantizarán una Educación Pública, Democrática y Laica a su ciudadanía, conformada hacia el desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, la igualdad y la plena ciudadanía, a través de contenidos curriculares universales de carácter científico, artístico y humanístico, sin ninguna presencia de adoctrinamiento religioso en el currículum ni en la simbología.

7. Derechos de los Migrantes

Los desplazados de otros países a cualquier país europeo por motivos sociales, económicos o políticos, gozarán de los mismos derechos, deberes y libertades que los nativos del país de acogida. Siempre prevalecerá el Derecho europeo en materia de derechos y libertades sobre las legislaciones nacionales de origen que los limiten o vulneren.

8. Respeto mutuo e identidad de derechos y deberes.

Las instituciones europeas deben permitir y promover la práctica del respeto mutuo en relación a las diferencias étnico-culturales, en el marco de una total identidad de derechos y deberes para todos los ciudadanos y ciudadanas. Deben combatir toda laxitud con respecto a movimientos racistas o segregacionistas, tanto en el plano de las políticas públicas o privadas como en la vida social. Deben respetar el principio fundamental según el cual el legítimo derecho a la diferencia no puede dar lugar a una inaceptable diferencia de derechos.

9. Solidaridad entre los pueblos.

Las instituciones y organismos internacionales europeos instarán a los gobiernos nacionales a llevar a cabo acciones solidarias entre los pueblos, en especial hacia los Estados con mayor pobreza y exclusión social. Esta solidaridad tiene como objetivo lograr soluciones de justicia social concebidas en un marco muy amplio y sin las cuales ningún desarrollo económico y en cuanto a los derechos y libertades individuales es posible.

10. Libre difusión y propagación de los valores laicistas.

Las instituciones europeas promoverán y velarán por la laicidad de todas las normas y recomendaciones que emanen de dichos organismos. La laicidad institucional será objeto de un estricto respeto por su parte, facilitarán su fomento y su propagación con vistas al interés general y a la cohesión social, instando a todos los Estados europeos a que sus constituciones y demás leyes internas se fundamenten en los principios laicistas. En su caso se instará que estos principios se puedan difundir sin ningún tipo de obstáculo en cualquier Estado.

11. La laicidad, garantía de una Europa de paz civil y de armonía.

Los valores filosóficos, éticos, morales, democráticos y cívicos sobre los que se funda el laicismo lo convierten en aceptable para todas las mentes imbuidas de libertad, de respeto mutuo y de justicia. Tiene, pues, una vocación universal, ya que propone soluciones positivas y oportunas para numerosos problemas sociales y cívicos que se plantean en la mayoría de los países europeos y en otras partes del mundo. Lo que también implica principios de justicia universal y persecución de los crímenes contra la humanidad por parte de la justicia nacional y europea más allá incluso de sus fronteras.

En consecuencia, resulta esencial y conforme al interés general de los individuos, de los grupos sociales y de las colectividades nacionales que el laicismo se tenga en cuenta y se fomente en el seno de Europa y en su política exterior y que sirva de fundamento para el logro de una ciudadanía solidaria.

REIVINDICACIONES CONCRETAS POR LA LAICIDAD Y LA LIBERTAD DE CONCIENCIA EN EUROPA

A partir de los planteamientos que se indican en esta Carta por la Laicidad y la Libertad de Conciencia, se concluyen las siguientes Reivindicaciones concretas como mínimos de laicidad en el ámbito europeo:

LIBERTAD

  • Reconocimiento pleno y máximas garantías de la libertad de conciencia, pensamiento y expresión.
  • Abolición de todos los delitos de blasfemia.
  • Estricta separación de los Estados e instituciones públicas respecto de las confesiones religiosas o los particularismos. Inclusión de los principios laicistas en las legislaciones nacionales y europeas.
  • Reconocimiento de las entidades religiosas en el Derecho privado al mismo nivel que cualquier otra asociación.
  • Eliminación de todo Concordato con la Iglesia Católica o de cualquier otro Acuerdo con cualesquiera otras confesiones religiosas por parte de cualquier Estado o institución europea.
  • Eliminación de toda financiación pública de las religiones y de todo privilegio fiscal.
  • Estatuto de laicidad para cargos y espacios públicos que impida la presencia de representantes públicos en actos religiosos así como de simbología religiosa en el ámbito público.
  • Ningún reconocimiento político del Vaticano como Estado en el contexto de la comunidad internacional.
  • Garantía de la libre expresión de los principios e ideas laicistas, y cauces de participación de las organizaciones laicistas con las instituciones en aquellos asuntos que les conciernan directamente.
  • Creación de un Observatorio Europeo sobre la Laicidad.

IGUALDAD

  • Garantizar para toda la ciudadanía europea una escuela pública, inclusiva, universal, democrática, gratuita y laica.
  • Prohibición de toda forma de discriminación por cualquier razón física, intelectual, socioeconómica, de género, orientación sexual, origen étnico o nacional o de otra clase.
  • Respeto a la autonomía del paciente y reconocimiento del derecho a la eutanasia y al suicidio asistido.
  • Plena igualdad de derechos entre mujeres y hombres.
  • Reconocimiento y garantías para el derecho a la libre interrupción del embarazo.
  • Prohibición de cualquier tipo de violencia contra las mujeres.
  • Reconocimiento y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, también a su libertad de conciencia y a no ser adoctrinados en el ámbito familiar ni escolar.
  • Prohibición del trabajo infantil.
  • Igualdad de derechos para las personas migrantes y prevalencia del Derecho europeo en materia de derechos y libertades respecto de la legislación nacional de origen.
  • Prohibición y persecución de toda forma de racismo, segregacionismo o discriminación.

SOLIDARIDAD

  • Prestación pública y directa de los servicios públicos sin injerencias religiosas o privadas. Políticas públicas activas contra la pobreza y la exclusión social.
  • Política exterior de paz, solidaridad y cooperación entre los pueblos.

LAICIDAD EN LA EDUCACIÓN ARGENTINA

(Este es un artículo publicado originalmente en el sitio ALERTA RELIGIÓN el domingo 15 de agosto de 2010)

Como hablábamos de la educación católica cuasi-obligatoria que se está impartiendo en las escuelas públicas de Salta, se me ocurrió ahondar un poco en el tema de la laicidad educativa, que hemos tratado ya alguna que otra vez. En Argentina la educación pública estatal es gratuita y, en principio, laica; ése es el espíritu de la famosa Ley 1420, que formalizó las ideas liberales de fines del siglo XIX. Pero la educación pública primaria es responsabilidad de los estados provinciales, por lo cual hay provincias donde la laicidad se respeta, y otras, como Salta, donde indoctrinar a los alumnos de las escuelas públicas en una religión es un mandato constitucional. La Constitución Nacional no es explícitamente laica: si una Constitución provincial dice que los niños deben ser “educados” en los “valores” del catolicismo tradicional, no hay forma de recusarla. El problema se agrava porque incluso donde la educación pública es laica —con ocasionales lapsus menores—, los padres anotan cada vez más a sus hijos en escuelas privadas, que les garantizan (ésa es la percepción social común) una mejor calidad educativa. Los maestros públicos hacen huelgas; muchos de sus alumnos son pobres y tienen problemas de conducta; las escuelas no son administradas eficientemente ni mantenidas en buenas condiciones… La escuela pública argentina, que solía ser la Gran Igualadora, se ha venido convirtiendo en sinónimo de “escuela para pobres”. La educación privada funciona bajo un régimen de subsidios estatales y cobro de cuotas. Por ley, una escuela privada puede cobrar a los padres de los alumnos una cuota mensual máxima con un monto inversamente proporcional al porcentaje de subsidios que recibe del estado para pagar los sueldos de sus maestros (el resto de los gastos de funcionamiento corren por cuenta de la escuela). La Iglesia Católica tiene en la mira, por tanto, dos grandes premios: uno, las escuelas públicas, donde la mayoría de los alumnos concurre, mal que les pese a los padres, porque no pueden pagar una cuota; el otro, los subsidios a las escuelas confesionales. Es notable que no sabemos con seguridad cuántas escuelas son confesionales; por estimaciones se sabe que son la mitad, aproximadamente, de las privadas, y la inmensa mayoría son católicas. Lo que ocurre en Salta, provincia con altos niveles de pobreza y desigualdad social, responde al primer punto: la Iglesia busca mantener como público cautivo a niños que no pueden ir a buscar educación secular a otra parte. (Sin un toque de humor, la situación es deprimente.) La disputa por el segundo punto se pudo observar recientemente cuando la provincia de Buenos Aires advirtió que iba a revisar los montos de los subsidios, causando una reacción furibunda del episcopado local. Buenos Aires invierte tres mil millones de pesos anuales en subsidiar a las escuelas privadas. El obispo Héctor Aguer se presentó ante el gobernador junto con veinte de sus colegas y pasó factura. El gobierno debió aclarar que sólo se distribuirán mejor los subsidios, privilegiando “a colegios con bajos aranceles y de barrios carenciados”. Es obvio que el dinero que va a las escuelas privadas podría y debería ir a más y mejores escuelas públicas, pero el Estado hace tiempo que dio por perdida esa batalla. Se entiende como derecho de los padres el pedir que sus hijos reciban del Estado una educación que respete sus (las de los padres) convicciones religiosas; muchos no consideran que la indoctrinación deba ser un asunto privado; algunos sacan a relucir el asunto de los “valores”, como si no hubiera otra fuente de los mismos que la religión, o como si esos valores fueran otra cosa que repetición de prejuicios tradicionales. En realidad la mayoría de los padres que envía a sus hijos a escuelas privadas lo hacen no por convicción religiosa sino para evitar las malas condiciones edilicias de las escuelas públicas y las frecuentes huelgas de maestros. Hace veinte años uno de cada siete niños iba a una escuela privada; hoy es uno de cada cuatro, y en la Ciudad de Buenos Aires, uno de cada dos. Ese aumento constante alimenta la voracidad del lobby educativo eclesiástico. A nivel nacional se trata de una inmensa cantidad de dinero: miles de millones transferidos a instituciones excluyentes, que transmiten a los niños doctrinas y políticas de un estado extranjero (el Vaticano) que suelen estar en oposición directa con las políticas del estado argentino en cuanto a educación sexual, salud reproductiva y derechos humanos (por no hablar de la distorsión y desinformación en temas de biología e historia). Y ese dinero no se vuelca sólo a la indoctrinación disfrazada de educación; de un uso más ruin fuimos testigos cuando la Iglesia Católica utilizó sus escuelas como bases para lanzar su campaña contra la ley de matrimonio igualitario, enviando cartas a los padres para que firmaran un petitorio contra el derecho de los homosexuales a casarse y liberando a sus alumnos para que asistieran a movilizaciones en lugar de ir a clases. Es hora de volver a debatir si queremos una educación para todos, que forme ciudadanos, o un sistema perverso como el actual, que permite llamar “educación” a valores cuestionables y doctrinas falsas y arroja a millones de niños en brazos de una corporación religiosa.