LAICIDAD EN LA EDUCACIÓN ARGENTINA

(Este es un artículo publicado originalmente en el sitio ALERTA RELIGIÓN el domingo 15 de agosto de 2010)

Como hablábamos de la educación católica cuasi-obligatoria que se está impartiendo en las escuelas públicas de Salta, se me ocurrió ahondar un poco en el tema de la laicidad educativa, que hemos tratado ya alguna que otra vez. En Argentina la educación pública estatal es gratuita y, en principio, laica; ése es el espíritu de la famosa Ley 1420, que formalizó las ideas liberales de fines del siglo XIX. Pero la educación pública primaria es responsabilidad de los estados provinciales, por lo cual hay provincias donde la laicidad se respeta, y otras, como Salta, donde indoctrinar a los alumnos de las escuelas públicas en una religión es un mandato constitucional. La Constitución Nacional no es explícitamente laica: si una Constitución provincial dice que los niños deben ser “educados” en los “valores” del catolicismo tradicional, no hay forma de recusarla. El problema se agrava porque incluso donde la educación pública es laica —con ocasionales lapsus menores—, los padres anotan cada vez más a sus hijos en escuelas privadas, que les garantizan (ésa es la percepción social común) una mejor calidad educativa. Los maestros públicos hacen huelgas; muchos de sus alumnos son pobres y tienen problemas de conducta; las escuelas no son administradas eficientemente ni mantenidas en buenas condiciones… La escuela pública argentina, que solía ser la Gran Igualadora, se ha venido convirtiendo en sinónimo de “escuela para pobres”. La educación privada funciona bajo un régimen de subsidios estatales y cobro de cuotas. Por ley, una escuela privada puede cobrar a los padres de los alumnos una cuota mensual máxima con un monto inversamente proporcional al porcentaje de subsidios que recibe del estado para pagar los sueldos de sus maestros (el resto de los gastos de funcionamiento corren por cuenta de la escuela). La Iglesia Católica tiene en la mira, por tanto, dos grandes premios: uno, las escuelas públicas, donde la mayoría de los alumnos concurre, mal que les pese a los padres, porque no pueden pagar una cuota; el otro, los subsidios a las escuelas confesionales. Es notable que no sabemos con seguridad cuántas escuelas son confesionales; por estimaciones se sabe que son la mitad, aproximadamente, de las privadas, y la inmensa mayoría son católicas. Lo que ocurre en Salta, provincia con altos niveles de pobreza y desigualdad social, responde al primer punto: la Iglesia busca mantener como público cautivo a niños que no pueden ir a buscar educación secular a otra parte. (Sin un toque de humor, la situación es deprimente.) La disputa por el segundo punto se pudo observar recientemente cuando la provincia de Buenos Aires advirtió que iba a revisar los montos de los subsidios, causando una reacción furibunda del episcopado local. Buenos Aires invierte tres mil millones de pesos anuales en subsidiar a las escuelas privadas. El obispo Héctor Aguer se presentó ante el gobernador junto con veinte de sus colegas y pasó factura. El gobierno debió aclarar que sólo se distribuirán mejor los subsidios, privilegiando “a colegios con bajos aranceles y de barrios carenciados”. Es obvio que el dinero que va a las escuelas privadas podría y debería ir a más y mejores escuelas públicas, pero el Estado hace tiempo que dio por perdida esa batalla. Se entiende como derecho de los padres el pedir que sus hijos reciban del Estado una educación que respete sus (las de los padres) convicciones religiosas; muchos no consideran que la indoctrinación deba ser un asunto privado; algunos sacan a relucir el asunto de los “valores”, como si no hubiera otra fuente de los mismos que la religión, o como si esos valores fueran otra cosa que repetición de prejuicios tradicionales. En realidad la mayoría de los padres que envía a sus hijos a escuelas privadas lo hacen no por convicción religiosa sino para evitar las malas condiciones edilicias de las escuelas públicas y las frecuentes huelgas de maestros. Hace veinte años uno de cada siete niños iba a una escuela privada; hoy es uno de cada cuatro, y en la Ciudad de Buenos Aires, uno de cada dos. Ese aumento constante alimenta la voracidad del lobby educativo eclesiástico. A nivel nacional se trata de una inmensa cantidad de dinero: miles de millones transferidos a instituciones excluyentes, que transmiten a los niños doctrinas y políticas de un estado extranjero (el Vaticano) que suelen estar en oposición directa con las políticas del estado argentino en cuanto a educación sexual, salud reproductiva y derechos humanos (por no hablar de la distorsión y desinformación en temas de biología e historia). Y ese dinero no se vuelca sólo a la indoctrinación disfrazada de educación; de un uso más ruin fuimos testigos cuando la Iglesia Católica utilizó sus escuelas como bases para lanzar su campaña contra la ley de matrimonio igualitario, enviando cartas a los padres para que firmaran un petitorio contra el derecho de los homosexuales a casarse y liberando a sus alumnos para que asistieran a movilizaciones en lugar de ir a clases. Es hora de volver a debatir si queremos una educación para todos, que forme ciudadanos, o un sistema perverso como el actual, que permite llamar “educación” a valores cuestionables y doctrinas falsas y arroja a millones de niños en brazos de una corporación religiosa.